La casa de tapia azul en Jardines de Moravia es donde venden las tesis.

David Castillo Robinson
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“No lo puedo creer, en cuatro meses presentó mi tesis y no he investigado nada, tengo que ver qué hago”.

Esas palabras rondaron la mente de “Carlos”, un joven estudiante de trabajo social de la Universidad de Costa Rica (UCR), a quien, por petición propia, le reservamos la identidad.

“Carlos”, al encontrarse en una situación desesperada, vio un rótulo que le llamó la atención: “Asetesis. Hacemos tesis, usted y nosotros”.

En el lugar le ofrecí­an elaborar todo su trabajo a cambio de una suma de dinero y sin tener que esforzarse mucho. El requisito: dar un tema y por supuesto entregar dinero regularmente a quien elaborarí­a su tesis.

De inmediato, “Carlos” contactó a Benjamí­n Núñez, propietario de Asetesis, quien le indicó cómo realizarí­an el proyecto.

Similar situación vivió “Marí­a”, quien compró el marco teórico de su tesis al mismo proveedor.

La joven indicó que cuando se iba a graduar de Administración de Empresas de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnologí­a (ULACIT) decidió tener como tutora a la profesora más “ruda” de la universidad pero, debido a sus exigencias, el tiempo no le alcanzó.

Por eso, al saber de Asetesis y encontrar su número de teléfono, le pareció una buena opción.

“Yo contacté a don Benjamí­n y le dije que sólo tení­a los objetivos y la parte gráfica de mi tesis, hicimos un cronograma y a como yo le iba pagando, él me daba adelantos, para que yo se los presentara a la profesora. Ella nunca sospechó, hasta me eximieron de mi defensa de tesis”, explicó “Marí­a”.

Al consultarle sobre si estaba arrepentida por haber pagado su trabajo final, la joven argumentó que “para nada; cuando iba a la casa de don Benjamí­n aquello parecí­a un hospital público, lleno de gente”.

En cuanto a precios, “Carlos” dijo que como no tení­a nada hecho el proveedor le cobró ¢450.000, mientras que “Marí­a”, en el 2000, pagó ¢150.000 en varios tractos, los cuales provení­an de su salario.

Sanciones

Henry Rodrí­guez, rector de la Interamericana, afirmó que si se descubre a un estudiante comprando o plagiando un documento será sancionado con la expulsión definitiva.

Agregó que como filtro cuentan con un filólogo, tutores y evaluadores que garantizan que las investigaciones sean de los estudiantes.

Por su parte, en el reglamento de evaluación de la UCR se establecen fuertes sanciones, que van desde la suspensión -de cursos o de tiempo- hasta la expulsión.

Para evitar que los estudiantes recurran al pago de tesis, en la Universidad Nacional establecieron un modelo pedagógico con el que pretenden “fomentar profesionales con espí­ritu investigador”, según su Oficina de Comunicación.

Evelyn Chen, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Educación Superior Privada (Conesup), afirmó que no dictan pautas para las sanciones, por lo cual éstas deben establecerse en el reglamento interno de cada universidad.

Para quien vende tesis no hay ninguna sanción ya que no es considerado un delito. Sin embargo, en el 2002 se presentó un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que pretendí­a adicionar un capí­tulo al Código Penal que tipificara los delitos contra la calidad de la educación.

Allí­ se imponí­a de uno a seis años de prisión a quien comprara o vendiera una tesis, pero la iniciativa aún está en la Comisión de Jurí­dicos.